El caso Petroaudios sigue creando escándalo. El miércoles 3 de agosto, La República publicó una investigación de Edmundo Cruz, en la que aparece un documento de la comisión Luizar que pone al descubierto la violación del derecho profesional periodístico. Esta comisión pidió de manera subrepticia los reportes telefónicos de Fernando Rospigliosi, Laura Puertas, Fernando Ampuero, Pablo O'Brien y José Ugaz.
Todo daría a entender que, por medio de una triquiñuela aprista, los investigadores se han convertido en investigados.
El nombre de Martín Alberto Varillas Cueto, gerente general de Petrotech, también figura. Sobre este particular, Rosa María Palacios, su esposa, ha aclarado la situación con solidez.
Lo grave del caso es que la administración anterior habría quebrado uno de los derechos primordiales del periodismo: la mantención del secreto de las fuentes off the record.
Y no sé si el condicional sea necesario.
Por último, no olvidemos que, cuando una nueva administración asume el cargo, el anterior Gobierno quedará desnudo y las verdades otrora camufladas aparecerán ante la opinión pública, develadas por el periodismo.
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